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Nuevo paso de la mediación en la lucha contra las malas prácticas de bancaseguros

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La mediación parece que se ha tomado en serio su ‘lucha’ contra las malas prácticas en bancaseguros y ha pasado de las palabras a realizar acciones. Primero fue el anuncio por parte de varias asociaciones de comités para denunciar este tipo de acciones, un paso que en varias ocasiones ha pedido la DGSFP para tomar medidas en el asunto: no tenemos denuncias para actuar, han llegado a decir.

Primero fue el Colegio de Mediadores de Zaragoza y Teruel que realizó diferentes acciones en el mes de abril y en junio. El último en dar un paso en este sentido ha sido el Colegio de Mediadores de Asturias. La Administración de Justicia ha admitido a trámite la demanda de juicio verbal presentada por esta institución contra Banco Sabadell y el Banco Popular, a los que acusa de prácticas abusivas en la contratación de préstamos hipotecarios. La organización colegial reclama el cese de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. Es la primera vez que un colegio de mediadores saca adelante una demanda colectiva y también la primera acción colectiva por las cláusulas abusivas en los seguros de las hipotecas.

El Colegio, representado por el despacho de abogados Espacio Legal, «ha formulado esta demanda en defensa de los consumidores y usuarios al entender que las condiciones generales de contratación, en las que se impone la contratación de un seguro de Vida y/o amortización de préstamos a prima única financiada y con una entidad aseguradora impuesta, constituyen un flagrante atropello de los derechos e intereses de estos».

Acciones comunes

La organización colegial anima al resto de los Colegios provinciales, al Consejo General y a las asociaciones de consumidores y usuarios «a que se sumen a esta demanda colectiva, la primera contra las cláusulas abusivas en los seguros de las hipotecas. Además, el Colegio habilitará una línea de comunicación directa para que todos aquellos que a título personal se consideren perjudicados por esta práctica bancaria puedan comentar su caso e incorporarlo a la causa».

El Colegio de Asturias destaca que en la demanda se recoge que la inserción de estas cláusulas en los préstamos del Banco Popular y del Banco Sabadell suponen para el usuario los siguientes gastos:

  • «La prima única financiada, que por regla general es más alta que la que podría haberse conseguido en otra aseguradora, dada la restricción a la competencia que supone la obligación de concertar el seguro con la aseguradora impuesta por el Banco».
  • «Al financiarse como parte del préstamo hipotecario, el consumidor debe pagar intereses sobre dicho importe durante toda la vida del préstamo».
  • «Dado que la financiación de la prima única aumenta el importe del préstamo, se produce un incremento de la base liquidable del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que aumenta el coste total de la operación en contra de los intereses del prestatario».

Solicitud de nulidad de las condiciones

En el contenido de la demanda el Colegio de Asturias solicita que se declare la nulidad de la condición general de la contratación introducida en los contratos de préstamo hipotecario «formalizados por el Banco de Sabadell y el Banco Popular Español por su carácter abusivo, y se condene a ambas entidades financieras a eliminar de sus condiciones generales la citada condición general de contratación».

También solicita «que se condene a las dos a devolver a los usuarios y consumidores afectados el importe de la prima única de los seguros contratados en virtud de la cláusula declarada nula; así como las cantidades que en virtud de la misma se hayan cobrado como exceso de intereses de todo tipo en los préstamos hipotecarios con los que se financiaron y cualquier otro gasto que haya derivado de la aplicación de la condición general de la contratación cuya cesación de uso haya sido condenado».

Añade que las cláusulas han supuesto que los consumidores se hayan «visto obligados a abonar cantidades que incrementan considerablemente el precio del préstamo hipotecario, por lo que han sufrido un perjuicio económico derivado del que deben ser resarcidos. A este respecto, se reclama indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la aplicación de dichas condiciones generales de la contratación».

El juicio verbal está fijado para el próximo mes de octubre en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón.

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