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Nuestro problema no es el paro, es la natalidad.

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La sostenibilidad de las pensiones es un debate siempre presente en nuestro país y que, en los últimos años, se ha visto reforzado por el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. En 2017, el déficit del sistema de pensiones se situó en 18.800 millones de euros (1,61% del PIB) y volvió a estar detrás de dicho desequilibrio, como también ocurrirá el presente año al proyectarse oficialmente que el saldo negativo de las pensiones alcanzará el 1,47% del PIB. La fortísima destrucción de empleo vivida fue una de las claves para explicar el apuntado desfase, si bien sería un error pensar que la actual recuperación del mismo será la solución a los problemas.

En primer lugar, las elevadas tasas de paro estructural existentes apuntan las limitaciones a la recuperación del número de ocupados. De acuerdo a distintos estudios y metodologías de cálculo, la tasa de paro estructural de España se situaría en una horquilla del 14% al 18%. Con independencia de la amplitud de este rango, de lo que no cabe duda es de lo elevado de la cifra que hace referencia a un desempleo involuntario de largo plazo y que apenas reacciona ante las medidas expansivas de demanda agregada. En otras palabras, las limitaciones a la mejora del empleo son claras, a pesar de su buen momento actual.

Las dificultades para poner en valor los recursos laborales han sido claves en cuanto al deterioro de las cuentas de la Seguridad Social en el pasado reciente. Ahora bien, esta cuestión empequeñece frente a otra que ya ha empezado a golpear al sistema de pensiones, pudiendo considerarla el gran problema socio-económico de España en el siglo XXI: el envejecimiento y la tendencia a la baja de la población. Luego, en el momento actual, el gran problema de las pensiones radica en que una masa importante de potenciales contribuyentes sigue en situación de desempleo. Sin embargo, en un futuro no tan lejano, el desafío radicará en que directamente escasearán los contribuyentes para poder mantener el estado de bienestar, dada la tendencia a la inversión de la pirámide poblacional.

Desgraciadamente, la problemática expuesta trasciende los números del estado del bienestar y acentuará la grave despoblación rural cuyas ramificaciones son preocupantes desde el punto de vista medioambiental y del mantenimiento del patrimonio cultural. Estas dos cuestiones también importan desde la perspectiva económica, aunque antes debe tenerse en cuenta que la población también marca la capacidad de crecimiento de un país. De hecho, el crecimiento potencial de una economía viene definido por la dotación de los factores de producción (capital y trabajo), junto por la productividad de los mismos.

Por lo tanto, la potencial pérdida de población en edad de trabajar nunca ha de menospreciarse, especialmente, porque suele coexistir con un fenómeno de envejecimiento que tiene efectos negativos sobre el consumo privado, el gran pilar de economías como la española. Así, el mejor ejemplo de esta situación es Japón, donde el aumento de la natalidad se ha situado entre las prioridades gubernamentales. De hecho, cuando en 2012 Abe llegó al poder, planteó como una de sus principales metas el logro de una tasa de fertilidad de 1,8 hijos por mujer en 2020 frente a los 1,5 de 2015. Así, el objetivo final consistiría en minimizar la pérdida de población desde los 126,7 millones actuales hasta 101,94 millones en 2060, lo cual demandaría que en una segunda fase las tasas de fertilidad aumentasen hasta 2,07 en 2040.

Los problemas demográficos de Japón son visibles en su escasa capacidad de crecimiento, la atonía del consumo y, más allá de la burbuja inmobiliaria vivida en los 90, en una inversión inmobiliaria que, en el mejor de los casos, puede aspirar a crecimientos comedidos. A la postre, la demanda residencial en el largo plazo depende de las dinámicas de la población, aunque entremedias puedan interferir otras cuestiones como la demanda vinculada al turismo. Más allá de estos apuntes, lo ocurrido en la economía japonesa es un buen ejemplo de lo que debe preocuparnos en España.

En los últimos años, la grave crisis vivida y el aumento de la tasa de desempleo hasta alcanzar máximos del 26,94% en 2013, hicieron que la pérdida de población en edad de trabajar fuese percibida como un bálsamo. Una realidad recogida en las cifras de la Encuesta de Población Activa que arrojan un descenso de la población de entre 16 y 64 años de 1,1 millones de personas desde finales de 2009. En esta ocasión, dicho fenómeno se vio marcado por la emigración ante las malas perspectivas laborales existentes y llevó a que la población descendiese un 0,6% desde los máximos históricos de 46.818.216 habitantes en 2012. No obstante, lo inquietante es que esta situación empieza a solaparse con unas tendencias demográficas realmente preocupantes.

Las proyecciones de población del INE para el periodo comprendido entre el año 2016 y 2066 dibujan fríamente la magnitud del problema. En octubre de 2016, el organismo establecía que, de mantenerse las actuales tendencias, la población descendería de forma ininterrumpida a partir de 2017 y, en los próximos 15 años, “España perdería 552.245 habitantes y, dentro de 50 años, el descenso sería de más de 5,3 millones”. Los últimos datos parecen indicar que la senda descendente no será tan inmediata, lo cual no implica que las grandes líneas de fondo de las previsiones expuestas sean erradas.

A día de hoy, la diferencia entre nacimientos de madre residente en España y defunciones de residentes en el país, es decir, el crecimiento vegetativo, ha sido negativo en 2015 (-2.278 personas) y 2016 (-28 personas). Desgraciadamente, las cifras del primer semestre de 2017 eran mucho peores al ser dicho crecimiento vegetativo de -32.132 personas, registrando las cifras más adversas desde la posguerra.

Por otro lado, las tasas de fertilidad españolas comparadas con los datos japoneses citados anteriormente, refuerzan los motivos para tomar las proyecciones del INE como el adelanto de una dura realidad. En España, el número medio de hijos por mujer se sitúa a la cola del mundo al alcanzar 1,33, estando prácticamente igualado con Portugal y siendo sólo superado por Corea del Sur con cifras de 1,2. No obstante, lo peor de estos datos es que sólo con observar nuestro entorno, podemos adelantar que no existen motivos para esperar un vuelco determinante en estas cifras.

En conjunto, las estadísticas confirman que el gran problema de España es el envejecimiento y la tendencia a la baja de la población, atesorando ya amplias zonas que podemos considerar desiertos demográficos que conllevan escasa actividad económica. La necesidad de depurar los excesos pasados e intentar sanar las heridas de la crisis, han hecho que una cuestión clave para el futuro de nuestro país, como las adversas tendencias demográficas, diste de afrontarse con la necesaria diligencia. Sin embargo, la adecuada respuesta a este grave problema no puede dilatarse más, dado que a más se tarde en afrontarlo, más difícil será solucionarlo ya que los frutos de cada acción tardarán años en recogerse.

Francisco Vidal , Jefe del Departamento de Análisis de Intermoney.

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