Cada año fallecen en España en torno a 400.000 personas. La mayoría de estas muertes, 389.600 se producen por causas naturales debido al deterioro físico de las personas con edades avanzadas. El resto, unas 10.495, cerca de 30 al día, se deben a causas accidentales, que podrían ser evitadas o, al menos, reducidas sustancialmente. Esta es una de las principales conclusiones del ‘Atlas de la accidentalidad en España. Accidentes, mortalidad y lesiones‘, elaborado por Fundación Mapfre a partir de un análisis de la base de datos del lNE entre 2011 y 2015.
El informe pone de manifiesto que la principal causa de muerte accidental conocida son las caídas, con 12.723 fallecidos (24,3% del total), que sufren principalmente mayores de 65 años y que entre 2011 y 2015 se han incrementado del 20% al 25%. Le siguen los ahogamientos y obstrucciones de las vías respiratorias (atragantamientos), con 11.707 fallecidos (22,3%), cifra que ha ido incrementándose de forma continuada en estos 5 años. También destacan los accidentes de tráfico y transporte, con 10.806 fallecidos (20,6%), siniestros que se producen en todas las edades hasta los 65 años; los envenenamientos, con 4.221 fallecidos (8%), que ocurren esencialmente por sobredosis de productos estimulantes, drogas o medicamentos entre los 25 y 50 años; y los incendios, que en estos 5 años acumulan un total de 826 fallecidos (1,6%).
En España, el índice anual medio de incidencia de la mortalidad por accidente es de 225,2 fallecidos por millón de habitantes, lo que equivale a 1 muerto por accidente por cada 4.440 ciudadanos, una realidad que, a juicio de Fundación Mapfre, puede llegar a empeorar en los próximos años si no adoptan nuevas medidas preventivas. «Una de las mejores soluciones para eliminar las fuentes de peligro, reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes y minimizar los daños personales directos es poner en marcha planes estratégicos de prevención de accidentes que contribuyan a la formación, información y sensibilización de la sociedad y que estén liderados por la administración pública, en colaboración con instituciones civiles, sociales y privadas», según explica Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de la fundación.